España presenta ambicioso plan de IA con gigafactoría, pero arrastra una década de promesas
El plan IA360 promete 100.000 chips y 25.000 empresas digitalizadas, pero el fracaso de la estrategia de 2020 genera escepticismo.
Con un ojo en el futuro y otro en el pasado, el gobierno español acaba de presentar su nuevo plan de inteligencia artificial (IA), llamado IA360. La iniciativa busca que el país se convierta en un referente europeo en esta tecnología, con una gigafactoría de hasta 100.000 chips aceleradores, 600 millones de euros para llevarla a las empresas y un contrato social para repartir los beneficios. Pero no es la primera vez que España intenta algo así.
La sombra del plan de 2020
En 2020, España ya lanzó su primera Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con 600 millones de euros públicos entre 2021 y 2023. La idea era impulsar la investigación, atraer talento, construir infraestructura y establecer un marco ético. Se hablaba de una IA “humanista, inclusiva y sostenible”. Seis años después, los resultados son modestos: el modelo propio ALIA fue presentado en enero de 2025, pero salió prematuramente, sin terminar su entrenamiento y sin una infraestructura pública de inferencia (es decir, la capacidad de poner el modelo a funcionar para los usuarios).
La agencia supervisora AESIA, creada para fiscalizar la IA, ha tenido una actividad limitada: no hay constancia de que haya auditado algoritmos críticos de grandes tecnológicas ni abierto expedientes relevantes. En las empresas, la adopción pasó del 9,2% en 2023 (frente al 8% europeo) a un ritmo que la Comisión Europea considera insuficiente en 2026.
La gigafactoría y otras apuestas
El proyecto más llamativo del IA360 es la futura gigafactoría, un centro de datos con hasta 100.000 chips aceleradores que requeriría una inversión público-privada de hasta 5.000 millones de euros. El gobierno ya autorizó en junio una inversión de 719 millones de la SETT para participar en el consorcio que impulsa el proyecto, pero aún no está adjudicada: depende de ganar la convocatoria europea de EuroHPC. Si se concreta, las obras partirían en febrero de 2027 y podría estar operativa en 2028 o 2029.
También hay ideas interesantes: un asistente de IA en la plataforma Mi Carpeta Ciudadana para ayudar a los ciudadanos a entender trámites, y un Contrato Social que reúna a empresas, sindicatos y administraciones para abordar el impacto laboral. Sin embargo, la crítica recurrente es que estas buenas intenciones han tardado años en materializarse. Para Chile, este caso es una lección: la política pública de IA necesita no solo anuncios, sino resultados medibles y una institucionalidad que realmente fiscalice.
Con información de Xataka
