OpenAI pide al Congreso de EE.UU. requisitos de seguridad para IA según capacidades
La compañía plantea obligaciones basadas en riesgos, no generales, y respalda cuatro leyes en California que avanzan en esa línea.
OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, le pidió al Congreso de Estados Unidos que establezca requisitos nacionales obligatorios de seguridad para los sistemas de inteligencia artificial más capaces. La solicitud, publicada el 9 de septiembre de 2026 en un documento firmado por Chris Lehane, responsable de Asuntos Globales, propone que las obligaciones se definan según las capacidades y los riesgos de cada modelo, y no de manera uniforme para toda la industria. Aunque el debate ocurre en Washington, las decisiones que se tomen allí suelen influir en las políticas de otros países, incluido Chile, que aún no cuenta con una regulación específica sobre IA.
Una regulación escalonada, no para todos
El marco que plantea OpenAI se concentra en los llamados modelos de frontera —sistemas con recursos y capacidades excepcionales—, sin trasladar las mismas exigencias a empresas emergentes, pequeños desarrolladores o investigadores. La compañía defiende que los requisitos incluyan evaluaciones independientes, protección de los sistemas informáticos, reglas para comunicar incidentes graves y mecanismos para medir el avance de las capacidades. También propone estándares voluntarios entre laboratorios para vigilar el comportamiento de los modelos, pero aclara que estos acuerdos deben complementar, y no reemplazar, la supervisión gubernamental.
OpenAI vincula la urgencia de estas medidas con el uso creciente de sistemas de IA en tareas de investigación. La empresa reconoce que la mejora recursiva plenamente autónoma —cuando un sistema se modifica a sí mismo sin intervención humana— no ocurre en la actualidad, pero sostiene que la IA ya acelera partes del trabajo utilizado para desarrollar y alinear nuevos modelos. El documento no identifica un proyecto de ley federal concreto ni representa una norma vigente; es una declaración corporativa para orientar una futura legislación.
California ya avanza en auditorías y controles
Mientras el Congreso decide, California —estado que concentra a los principales desarrolladores de IA— ya promulgó dos de las cuatro iniciativas que OpenAI respaldó. El 9 de septiembre de 2026, el gobernador firmó la SB 813, que encarga a la Agencia de Operaciones Gubernamentales crear criterios para designar organizaciones independientes capaces de evaluar riesgos de sistemas de IA. Aunque la ley no obliga a los desarrolladores a contratar esas auditorías, sienta las bases para hacerlo. Ese mismo día se promulgó la AB 1405, que ordena establecer antes de 2029 un registro de auditores de IA e incorpora requisitos de independencia, objetividad y conservación de documentación.
Otras dos medidas seguían ante el gobernador al cierre de esta revisión. La SB 1119 establece evaluaciones de riesgo y auditorías independientes de seguridad infantil para operadores de chatbots de compañía, mientras que la AB 1864 exige controles a fabricantes y proveedores de síntesis genética para reducir el acceso a secuencias potencialmente peligrosas. OpenAI también defiende la compatibilidad entre futuros marcos internacionales, la preservación del control humano y la definición de condiciones para ralentizar o detener el desarrollo de sistemas que no puedan protegerse adecuadamente.
Un debate que recién comienza
El alcance real de la propuesta de OpenAI dependerá de decisiones que aún corresponden al Congreso y a los organismos reguladores de Estados Unidos, como los umbrales de capacidad, la autoridad de los evaluadores independientes y las obligaciones de transparencia. Mientras no exista un texto legislativo federal, el planteamiento debe entenderse como una señal de hacia dónde apunta la industria. Para Chile, que en 2023 lanzó su Política Nacional de Inteligencia Artificial pero aún no legisla sobre seguridad obligatoria, el movimiento en EE.UU. anticipa los dilemas que deberá enfrentar: cómo regular sin frenar la innovación, y cómo proteger a los usuarios sin imponer cargas desproporcionadas a los desarrolladores locales.
Con información de DiarioTI
