Tres regiones mineras deberán reforzar controles ambientales por IA

La inteligencia artificial está transformando la industria minera en Chile, pero también plantea nuevos desafíos regulatorios. Desde este mes, las operaciones mineras en Antofagasta, Atacama y Coquimbo deberán cumplir con exigencias ambientales más estrictas: reforzar sus controles, restringir el tránsito a zonas autorizadas y reportar cualquier incidente en un plazo máximo de 24 horas.

¿Por qué ahora?

La medida responde al uso creciente de sistemas autónomos y sensores inteligentes en faenas mineras, que permiten monitorear en tiempo real variables como emisiones, consumo de agua y movimiento de camiones. Sin embargo, la misma tecnología que optimiza la producción también puede generar riesgos si no se gestionan adecuadamente los datos y las decisiones automatizadas.

Las autoridades regionales detectaron que, en los últimos seis meses, al menos tres incidentes ambientales menores en la zona norte estuvieron relacionados con fallas en sensores o algoritmos de control. Por eso, la nueva normativa exige que cada operación minera implemente sistemas de respaldo y protocolos de reporte inmediato.

¿Qué deben hacer las mineras?

Las empresas deberán presentar un plan de reforzamiento de controles ambientales ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) antes de fin de año. Ese plan debe incluir la instalación de sensores redundantes, la delimitación digital de zonas de tránsito autorizado y la designación de un responsable de reportar incidentes.

Si ocurre un evento no contemplado —como una fuga de relaves o una emisión fuera de norma— la empresa tiene 24 horas para informar a la autoridad. El incumplimiento puede significar multas de hasta 5.000 UTM y la suspensión temporal de la faena.

Relevancia para Chile

Chile es el mayor productor de cobre del mundo y la minería representa cerca del 10% del PIB. La incorporación de inteligencia artificial en este sector es cada vez más común, pero hasta ahora no existía una regulación específica para los riesgos ambientales asociados a la automatización. Esta medida sienta un precedente para otras industrias, como la agricultura de precisión o la generación eléctrica, que también usan sensores y algoritmos.

Para los trabajadores y comunidades de las tres regiones, la principal ventaja práctica es que tendrán canales claros para denunciar irregularidades y recibir respuesta en menos de un día. Además, las empresas deberán publicar trimestralmente un informe de incidentes y medidas correctivas, lo que aumenta la transparencia.

Por ahora, la norma aplica solo a faenas que usen sistemas autónomos o semiautónomos, pero el gobierno evalúa extenderla a todas las operaciones mineras del país durante 2025.

Con información de Diario Financiero