Ocho estados de EE.UU. demandan a OpenAI por seguridad de ChatGPT

Una nueva ola de demandas judiciales sacude a OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. Ocho estados de Estados Unidos —Iowa, Kansas, Nebraska, Virginia Occidental, Arkansas, Arizona, Idaho y Montana— presentaron acciones legales separadas contra la compañía, según informó Reuters. La acusación central: OpenAI habría puesto las ganancias por sobre la seguridad de sus usuarios, especialmente de niños y adolescentes.

¿Qué se le reprocha a OpenAI?

Los fiscales generales de esos estados alegan que la empresa no protegió adecuadamente a los menores que usan ChatGPT. Señalan que el chatbot puede generar contenido inapropiado o peligroso para niños, y que OpenAI no habría implementado filtros suficientes para evitarlo. Además, sostienen que la compañía engañó al público al promocionar la seguridad de su herramienta, cuando en los hechos habría fallado en controlar riesgos como la generación de información falsa o dañina.

El argumento legal es que OpenAI violó leyes de protección al consumidor y de prácticas comerciales engañosas. Los estados buscan sanciones económicas y cambios en la forma en que la empresa opera. Hasta ahora, OpenAI no ha emitido una respuesta oficial consolidada a estas demandas, pero el caso suma presión sobre una compañía que ya enfrenta otros litigios por derechos de autor y uso de datos.

¿Por qué importa esto en Chile?

Aunque las demandas se presentaron en tribunales estadounidenses, el caso tiene eco directo en Chile. ChatGPT se usa masivamente aquí, tanto en hogares como en empresas y colegios. Si OpenAI es hallada culpable de no proteger a menores, eso podría acelerar discusiones locales sobre cómo regular estas herramientas. En Chile no existe una ley específica para inteligencia artificial, aunque el proyecto de ley de protección de datos personales y la agenda de ciberseguridad del gobierno podrían ser la base para futuras normas.

Por ahora, cualquier persona en Chile puede usar ChatGPT de forma gratuita o pagando una suscripción mensual (ChatGPT Plus), pero no hay una certificación local que garantice su seguridad para niños. El caso estadounidense podría servir como antecedente para que el Congreso chileno o la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) pongan el tema sobre la mesa. Mientras tanto, padres y educadores deben estar atentos a los riesgos que estos litigios exponen.

Lo que viene

Las demandas recién comienzan su curso judicial. OpenAI tendrá que defenderse en cada uno de los ocho estados, lo que podría tomar meses o años. El resultado podría sentar un precedente global sobre la responsabilidad de las empresas de IA frente a daños a usuarios, especialmente menores. Para Chile, es una señal de que la regulación de la inteligencia artificial no es un tema lejano: los problemas que se ventilan en tribunales de EE.UU. también pueden ocurrir aquí, y el país debería prepararse para abordarlos.

Con información de The Verge